El
Gobierno de Zapatero adjudicó el Castor a ACS en 2009 con una Declaración de
Impacto Ambiental que no registró problemas sísmicos ni de la zona ni de la
actividad (inyectar y almacenar gas), pese a las advertencias del
Observatorio del Ebro y de los geólogos. Los expertos consideran muy laxa la
normativa vigente tanto en Europa como en España y exigen el Plan de Prevención
Sísmica que se viene pidiendo desde el terremoto de Lorca.
fUENTE:
Vozpopuli | 04-10-2013
El
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero adjudicó a Escal UGS, la compañía
controlada por ACS, la construcción y explotación del almacén subterráneo de El
Castor en 2009 sin valorar los riesgos sísmicos ni de la zona ni de
la actividad de inyección y almacenaje de gas.
La
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada por el Ministerio de Medio
Ambiente que entonces dirigía Elena Espinosa fue "favorable" al proyecto y no
contenía ni condicionamientos ni alertas sobre riesgos sísmicos, pese a las
advertencias del Observatorio del Ebro, que en su día pidió al Gobierno de
Zapatero que se estudiara "la frecuencia y magnitud de la actividad
sísmica incluyendo pruebas que aseguren que las presiones debidas a la
inyección no causen fracturas en las rocas".
[El Observatorio
del Ebro exigió en 2009 que se estudiara "la frecuencia y magnitud de la
actividad sísmica incluyendo pruebas que aseguren que las presiones debidas a
la inyección no causen fracturas en las rocas"]
Tanto
la DIA de Medio Ambiente como las autorizaciones dadas por el Ministerio de Industria
para que ACS pusiera en marcha El Castor se acogieron a la legislación vigente.
"Parece que
todo fue legal y se respetó la normativa vigente, pero quizá se pecó de
imprudencia al hacer caso omiso a voces expertas como las del Observatorio del
Ebro y del Colegio de Geólogos", señala una fuente experta en temas
sísmicos.
El
actual ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias
Cañete, también ha confirmado que la DIA aprobada en 2009
"no tenía ningún condicionamiento relativo a problemas sísmicos".
La
normativa europea es muy laxa y genérica en cuanto a la prevención de riesgos sísmicos
en los países miembros y, por ende, la legislación española también. De hecho, el Colegio
de Geólogos lleva años reclamando un plan integral de prevención del riesgo
sísmico.
[El Colegio de
Geólogos ha pedido en reiteradas ocasiones (la última vez en mayo pasado) un
Plan de Prevención de Riesgos Sísmicos, que ni Zapatero ni Rajoy han
implementado]
La última vez que
lo pidió públicamente fue en mayo pasado, cuando denunció que dos años después
del terrible terremoto de Lorca (Murcia), no se haya implantado en España un
plan de prevención de riesgos y que los poderes públicos lo que hacen es
"tomar medidas curativas de remediación (sic) de los daños causados".
El
decálogo elaborado por el Colegio para minimizar los riesgos sísmicos tras el
terremoto de Lorca fue enviado a las Administraciones públicas y cayó en saco
roto, recuerdan. También ayer la Generalitat catalana afirmó, a través del
consejero de Territorio, Santiago Vila, que en su día
advirtió al anterior Gobierno de que era necesario analizar las consecuencias
sísmicas del Castor, aunque éste las desoyó.
"Seguramente
no era preceptivo, pero no se hizo", dijo el consejero, en línea con lo
que la Generalitat ha venido señalando estos días, después de que se hayan
producido ya más de 300 terremotos, varios de ellos en los últimos cuatro días
con una magnitud de entre 4,1 y 4,2 en la escala Richter, lo que ha provocado temblores y alarma social en el sur de Tarragona y el norte de
Castellón. A última hora de ayer, la web del IGN había
registrado más de 20 seímos en las últimas 20 horas.
La
Generalitat ha acusado a ACS, compañía presidida por Florentino Pérez, de falta de
transparencia y negligencia, al no facilitar información
detallada y no prever los terremotos.
Por
su parte, el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner (PP), fue
más allá al acusar a los ex ministros socialistas Cristina Narbona, Elena Espinosa, Miguel
Sebastián y Joan Closde ser los responsables de dar las
autorizaciones a ACS y les "exigirá responsabilidades legales" si se
demuestra que actuaron con negligencia, además de no hacer caso a las
advertencias de los geólogos.
[Escal UGS dice que
avisó de que podría haber pequeños terremotos por la inyección de gas colchón,
pero nunca imaginó que iba a haber tantos y de tanta intensidad]
Desde la filial de
ACS, Escal UGS, se recuerda que la compañía avisó de que se podrían
provocar microseísmos por las inyecciones de gas colchón para poner a punto el
reservorio, de cara a su entrada en actividad comercial, pero que nunca
imaginaron que habría tantos terremotos y de tanta intensidad. Máxime cuando
los más preocupantes, los que ha sentido la población, se han producido esta
semana, pese a que la empresa confirma que no se inyecta gas desde el 16 de
septiembre.
Vozpópuli
ha venido informando desde el principio (el 11 de septiembre Escal comenzó a
inyectar gas) de la crecienteavalancha de terremotos registrados desde el Instituto
Geográfico Nacional (IGN). Entre las 23:00 horas y las 23:30 de este
miércoles se produjeron sendos terremotos de una magnitud de 4,1 grados.
El
ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, que bajo
el paraguas de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría,
está supervisando la situación provocada por El Castor, cree que hay "una
probabilidad alta" de que la causa de los terremotos sea la inyección de
gas colchón, según el estudio preliminar de los datos que manejan los técnicos
del IGN y del Instituto Geológico Minero.
[Si los estudios de
los técnicos recomiendan el cierre del Castor, el sector se pregunta quién
pagará a ACS los 1.300 millones de la inversión, que casi se triplicó sobre los
500 millones presupuestados]
Industria decretó
el cierre temporal de El Castor y la suspensión de las inyecciones de gas el 25
de septiembre. Este cierre podría tornarse en definitivo, como exige la
Generalitat catalana, si se constatan riesgos serios para la estabilidad
sísmica de la zona provocados por el almacén subterráneo.
En
caso de cierre, ¿quién pagaría los 1.300 millones de euros (sin gastos
financieros) que ha destinado el grupo de Florentino Pérez para desarrollar el proyecto, frente a
los 500 millones presupuestados inicialmente. Industria tiene en marcha una auditoría sobre los costes del
proyecto, cuyas conclusiones no se conocen, y también tendrá que emitir un
informe sobre las causas de los terremotos, por lo que el
nerviosismo se ha instalado en la sede de ACS en Madrid.
Fue Industria la que cambió la
normativa vigente para
elevar a 20 años el periodo de amortización de la inversión y fijar una
retribución más favorable para ACS. Ahora todo está en el aire.
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